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Los 10 artículos más leídos de la semana en la Revista de Prensa:
Desde hace más de 20 veinte años, la Unión Europea negocia sin éxito la creación de una "patente europea" cuyo objetivo sería la de crear un sistema más ágil y menos costoso que el actual. Todos los intentos han fracasado por la oposición de varios países, entre los que se encuentra España, a crear un registro que no incluya sus respectivas lenguas. Una de las consecuencias negativas de este hecho sería, por ejemplo, que una empresa española debería defender sus intereses ante la Justicia en una lengua distinta al español.
Antes esta situación, y bajo el impulso de Francia, hasta diez países han decidido utilizar un procedimiento especial llamado "cooperación reforzada" para evitar el bloqueo y avanzar en el asunto de las patentes. Básicamente, consiste en un acuerdo entre varios países sobre una materia concreta que solo compromete a los firmantes y que, por tanto, deja fuera al resto. Como es obvio, la utilización de dicho mecanismo debe cumplir determinadas condiciones. Para los interesados, pueden leer más al respecto en el portal del Unión Europea.
En el caso que nos ocupa, las alarmas han saltado porque el acuerdo sobre la "patente europea" implicaría que el registro se haría únicamente en tres lenguas: inglés, francés y alemán.
Dejando al margen del hecho, ya de por sí grave, de que la diplomacia española sea incapaz de defender nuestros intereses, existen otras cuestiones realmente preocupantes. Una de ellas, casi esperpéntica, es la incapacidad de nuestros expertos legales para leer e interpretar un informe jurídico escrito en inglés. Así lo ha expresado el eurodiputado Antonio López-Istúriz (ver en El Mundo).
Aún asumiendo la dificultad de traducir un texto técnico-jurídico en inglés, resulta vergonzoso que en 25 años de permanencia en la UE no se haya dado una solución al asunto.
Si nuestra querida administración no es capaz de resolver algo tan sencillo como la traducción de un informe jurídico, ya me dirán ustedes cómo van a solucionar problemas tan graves como el paro, las jubilaciones o la falta de competitividad de nuestras empresas.
En cuanto al acuerdo propiamente dicho, resulta evidente la ventaja de las multinacionales frente a las pequeñas empresas de los países cuyas lenguas no figuren en el registro. No solo supondrá para éstas un mayor gasto (servicio de traducción) sino además un freno a la hora de litigar y defender sus patentes. El coste de la defensa ante un tribunal comunitario por parte de un despacho, que necesariamente deberá estar acostumbrado a trabajar en inglés, francés o alemán, puede alcanzar unas cifras mareantes, tanto que una pequeña empresa no podrá seguramente asumir.
La solución final ya está de camino: el PP y el PSOE han pactado que el cierre de un sitio en Internet lo decidirán cinco personas: el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Los jueces no decidirán sobre el cierre de los mismos, es decir, que no entrarán a valorar si el sitio en cuestión vulnera la ley en relación a la propiedad intelectual.
La única garantía judicial, tan en boca de unos y otros, es la que ofrece la Justicia. Sólo a ella le debería competer el cierre de un sitio en Internet. Pero no, aquí, en este país, los tics franquistas afloran en cuanto se les lleva la contraria.
Pero aún queda lo mejor: esos cinco sujetos investidos de poder por el mismísimo Dios podrán interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.
En esta frase se esconde la hipocresía de quienes, para defender un derecho (propiedad intelectual), se erigen en juez y parte. Señores del PP y PSOE: el ánimo de lucro ya está contemplado en el Código Penal (art. 270): "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios."
¿Por qué entonces es necesaria una comisión para juzgar un hecho ya contemplado en el Código Penal? Porque así podrán cerrar cualquier sitio por el mero hecho de enlazar a contenidos audiovisuales que vulneren derechos de propiedad intelectual. Esta es la batalla: enlazar no debe ni puede ser delito. Eso, señores míos, es censura.
Lean, lean: pacto del PP y PSOE sobre la Ley Sinde.
Me olvidaba: con la ley en la mano, deberíamos cerrar todos los buscadores y, pensándolo bien, voy a ponerme en contacto con la Asociación de Internautas para promover una denuncia contra aquéllos. Tal vez así se den cuenta (los políticos) de hasta dónde llega su estulticia.
Hace unos años recogí de La Vanguardia un artículo en el que aparecía el nombre y apellidos de un abogado que, al parecer, estaba metido en asuntos turbios. De hecho, había sido condenado en primera instancia —no recuerdo el motivo exacto— aunque la sentencia no era firme por aquél entonces. Al cabo de cierto tiempo recibí una llamada de un familiar cercano de dicho abogado y me pidió que borrara el artículo. Según me informó, y yo mismo pude constatar, el artículo de marras alojado en mi sitio aparecía en primer lugar al teclear los apellidos del susodicho en Google.
Mi primera reacción fue la de rechazar su propuesta. Yo no era el autor del artículo y éste había sido publicado en La Vanguardia, y entendía que debía dirigir su reclamación a dicho periódico. Si aquí accedían, no tendría ningún reparo en hacer lo mismo. Días más tarde, otro familiar, más cercano que el primero, volvió a pedirme lo mismo, es decir, que borrara el artículo. Le prometí meditar sobre ello y al cabo de poco decidí sustituir el nombre y apellidos por las iniciales.
Las razones fueron:
Por supuesto, nunca se me pasó por la cabeza pedirle que se dirigiera a Google o a otros buscadores pues éstos no son sino los mensajeros.
¿Por qué les cuento esta historia? Porque hoy he leído en El Mundo una noticia relacionada con el "derecho al olvido" y el "derecho a enlazar". La historia es la siguiente: una mujer presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación contra Google Spain, S.L. por no haber sido debidamente atendida su derecho de cancelación. El "delito" de Google no fue otro que el de indexar dos Diarios Oficiales de la Generalitat de Valencia donde aparecían datos personales de la reclamante.
¿Imaginan ustedes la resolución? Pues sí, la peor de las imaginables, es decir, condenar el mero hecho de indexar y enlazar. Aquí tienen la resolución. Lo peligroso es el precedente: hoy se prohíbe enlazar a documentos oficiales que contengan datos personales, mañana....
Eso sí, ustedes no dejen de votar en las próximas elecciones. Tal vez consigan que cambie el collar pero el perro seguirá siendo el mismo. Lean, por ejemplo, la postura del PP respecto a la Ley Sinde.
Actualización, 19/01/11: vista en la Audiencia Nacional. El Estado, a través de su abogado, alega que el buscador tiene responsabilidad. La censura a un paso de volver a ser un hecho en España.
Del 23 de febrero al 07 de abril de 2011 se presentará en Zaragoza la exposición itinerante “Romanorum Vita. Una historia de Roma”, ubicada en la Plaza Nuestra Señora del Pilar y organizada por la Obra Social Fundación "la Caixa" en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Romanorum Vita es una exposición de divulgación histórica pensada para todos los públicos que plantea una experiencia de inmersión en la vida cotidiana de una ciudad romana de la época Imperial con el objetivo de despertar el interés del visitante por el mundo romano.
La exposición permite mostrar y experimentar los elementos esenciales de una calle y de una domus romana, transmitir la importancia y autonomía de las ciudades en el Imperio Romano, dar a conocer la jerarquía y las fuertes desigualdades de la sociedad romana, para ofrecer una visión completa de los habitantes de la ciudad, etc. Somos herederos directos de la cultura y sociedad romanas y de Escocia a Marruecos, de España a Siria, de Alemania a Libia, podemos encontrar restos de esta civilización que nos ayudan a conocerla mejor y, de esta manera, reflexionar sobre les nuestras propias realidades.
Para conocer más exhaustivamente el contenido de esta propuesta, informamos a todas aquellas personas interesadas de la realización de una sesión de presentación que tendrá lugar el día 23 de febrero a las 17:30 horas en la sede de la exposición situada en una carpa en la Plaza Nuestra Señora del Pilar.
En el marco de esta exposición se ofrecen visitas guiadas gratuitas:
Fuente imágenes: http://www.clarmont.net/
34 días en estado de alarma, una medida excepcional, y a nadie parece importarle. ¿Hemos vuelto al siglo XVII? Molière escribía por entonces "Aquí primero cuelgan a un hombre y luego lo juzgan".
La indiferencia, casi obscena, de la sociedad civil hacia los asuntos públicos deja el paso libre a tics totalitarios. En el futuro, algún intelectual recordará las palabras de Boris Pasternak: "Así que era necesario enseñar a la gente a no pensar y no formarse opiniones, obligarla a ver lo que no existía y sostener lo contrario de lo que resultaba obvio para todos". Lástima que para entonces ya será tarde...
